Sobre la política de Cambiemos hacia el sistema universitario

Varias reflexiones se han realizado sobre la política desarrollada por el gobierno de Cambiemos hacia el Sistema Universitario Nacional, la mayoría de las cuales comienzan con la campaña presidencial que anticipaban algo de lo que vendría. “¡Qué es eso de Universidades por todos lados!” decía en 2015 el entonces candidato a Presidente Mauricio Macri con una cadencia que mostraba sin sutilezas su desprecio por las políticas que permitieron a miles de argentinos contar con carreras universitarias e Instituciones Universitarias a su alcance. Esta frase, como la que pronunciara la Gobernadora Vidal en 2018 “¿Y llenar la provincia de universidades públicas cuando todos sabemos que nadie que nace en la pobreza llega a la universidad?” omiten deliberadamente un aspecto central de la política de creación de Universidades y que tiene que ver con la idea misma de las instituciones universitarias públicas: se trata de instituciones que a través de la docencia, la extensión y la investigación, pueden y deben ocuparse, como lo hacen, de los problemas que afectan a los ciudadanos y de encontrarles soluciones. Similares opiniones virtió el Presidente Macri en los discursos de apertura de sesiones del Congreso Nacional, y estas ideas siempre fueron complementadas por los, habituales, editoriales de los principales medios de comunicación. Editoriales que, como nos tiene acostumbrados el diario La Nación, se repitieron también durante todos los años del anterior gobierno. Estas editoriales también fueron moneda corriente en los ‘90 cuando el Banco Mundial promovía el arancelamiento, los exámenes de ingreso selectivos y se fijaban pautas para regular el Sistema Universitario Público, mientras se sancionaba la Ley de Educación Superior para poner en un terreno de paridad a las, hasta entonces poco reconocidas, Universidades Privadas.

A pesar de todo esto, cuando dimos la batalla del no inicio del segundo cuatrimestre de 2018, en el gobierno se dieron cuenta de que ese discurso no había permeado en la sociedad, ya que el prestigio que goza la Educación Pública en nuestro país, y en particular las Universidades Nacionales, aparecía en los “focus group” que organizaba Durán Barba y les indicaba que tenían que cambiar de estrategia o enfrentar una revuelta universitaria. Fue muy notorio cómo, luego de ofrecer migajas en la Mesa de Negociación Salarial y sostener un duro y tradicional discurso antisindical y anti “gasto público”, se sentaron a discutir con números que no habían aparecido en ninguna discusión salarial del Estado. Pero para esto ya se habían producido movilizaciones de más de 100.000 personas en Córdoba, más de 40.000 en Rosario, 10.000 en Mar del Plata, y movilizaciones masivas en Nordeste, Río IV y la marcha de más de 3.000 personas hacía la plaza San Miguel desde la Universidad Nacional de General Sarmiento sumados a abrazos y cientos de acciones a lo largo y ancho de todo el país. Cuando cambiaron de estrategia y encontraron los canales del acuerdo, ya estaba lanzada la movilización de más de 350.000 personas en Buenos Aires y más de 500.000 en todo el país que no pudieron evitar.

También es importante reflexionar qué relación tuvo este intento de introducir esta reforma ideológico-cultural, la cual abarca todo aquello que el neoliberalismo quiere convertir en mercancía, sobre el fuerte compromiso de la sociedad argentina con su sistema de educación pública, al que debemos sumar el sistema científico tecnológico, con el resultado electoral de las PASO 2019. Un resultado contundente de un candidato a Presidente que dedica una parte sustantiva de su discurso a defender a la Educación Pública, y al aporte que las Universidades Nacionales y el Sistema Científico Tecnológico pueden y deben ofrecer para el desarrollo nacional. Todo esto frente a los candidatos del ajuste en todos los rubros y del sistema Universitario y Científico Tecnológico en particular. El haber más importante de los universitarios alcanzado en agosto de 2018 quizá sea el haber actuado como un refuerzo de vacuna social, con la dosis necesaria para despertar entre los cotidianos narcóticos sociales, recordar lo que forma parte de nuestro acervo nacional, fuertemente promovido desde la última recuperación democrática, pero que abreva en el ideario de las principales corrientes políticas de nuestro país, incluso las liberales, salvo el PRO. Lo público, lo que es de todos, volvió a ser reconocido y acompañado por las mayorías.

Es importante reconocer que la política de cambiemos hacia el Sistema Universitario tuvo efectos, principalmente de ajuste y otros que, estando bajo la superficie, emergerán tarde o temprano. La reducción presupuestaria es notable: en el valor real del poder adquisitivo de salarios que se redujo en un 25%; en el del presupuesto universitario de gastos y funcionamiento que además de perder en términos reales se redujo en la proporción que representa del PBI desde 0,85% en 2015 a 0,72% en 2019, y en idéntico sentido el presupuesto general de Educación y Cultura pasó de 1,66% del PBI en 2015 a 1,15% en 2018. La reducción en tipo, cantidad y monto de las becas estudiantiles resulta realmente alarmante: se redujeron paulatinamente hasta que en 2018 se perdieron la totalidad de las becas destinadas a estudiantes de carreras prioritarias cuando en 2015 había cerca de 40.000 por año; las de bajos recursos se redujeron a un tercio en el mismo período y mermó su poder real de compra; el PROGRESAR perdió más de 200.000 becas. Los Programas de la SPU destinados al financiamiento de Proyectos especiales tuvieron un momento de relanzamiento, diversificación y resignificación deseables por el pase del anterior Voluntariado a Compromiso Social Universitario, pero los montos destinados a sostener programas de extensión fueron insignificantes y se desvanecieron en los últimos dos años.

Lo que ocurrió en Ciencia y Tecnología, es mucho peor, todos los indicadores retrocedieron aún más que los del Sistema Universitario: las incorporaciones de investigadores al CONICET se redujeron a un tercio, produjeron despidos en el INTI, desarmaron las áreas de Agricultura Familiar del INTA que pasó a ocuparse sólo de los grandes productores, se discontinuó la Política Nuclear y la producción de Satélites mientras se vendieron el uso de los existentes, y un feroz ajuste en todos los organismos del Sistema de Ciencia y Tecnología Nacional.

Por último, quiero detenerme en las políticas que permitirán el avance del Sistema Universitario Privado a quien, como en los ´90, quisieron fortalecer. Lo preocupante de los dos casos que se describen a continuación es que contaron con el apoyo mayoritario, aunque no unánime, del Consejo Interuniversitario Nacional que reúne a los Rectores de las Universidades Públicas.

El primero es el que se conoce como Sistema de Reconocimiento de Trayectos Formativos. Mediante este sistema creado en 2016, al que las Universidades, Públicas y Privadas, adhieren voluntariamente, se reconocen los créditos académicos alcanzados por los estudiantes para que puedan ser reconocidos entre universidades, para permitirles cambiar de institución o cursar parte de sus carreras de manera compartida. ¿Qué es lo que se mide para determinar las equivalencias en la formación de los estudiantes?: las horas que a los mismos les demandan sus clases y el estudio para aprobar las distintas materias que cursan. Ahora bien, ¿cuáles son algunos de los principales valores que durante más de 100 años se defendieron en las Universidades públicas?: la formación de ciudadanía, el cogobierno, los concursos docentes y su evaluación periódica para garantizar idoneidad y actualización, la participación gremial a través de los Centros de Estudiantes, la gratuidad, las contribuciones de las Universidades al Desarrollo Nacional, el Compromiso Social Universitario, la integración latinoamericana, y podemos seguir. Si sólo medimos lo que una Universidad Privada puede brindarles a sus estudiantes pagos, es decir, las meras horas del tránsito estudiantil, dejamos de lado lo que desde las principales corrientes políticas vinculadas a la Reforma Universitaria o al peronismo se considera esencial del tránsito estudiantil universitario. Y al aceptarlo la mayoría de las Universidades Nacionales (40 nacionales y varias provinciales públicas adhirieron) convalidaron esa idea del estudiante que sólo viene a estudiar para sí sin importar si sus docentes concursan, o si se forma como ciudadano crítico o si su formación se relaciona con los problemas sociales y productivos. En lugar de regular al sistema privado para que se parezca a lo que consideramos importante, nos acercamos a su mercantilizada pobreza en valores.

El segundo es el recientemente aprobado Sistema de Investigadores Universitarios (SIDIUN). En este caso se trata de una actualización del Programa de Incentivos a los Docentes Investigadores creado en 1993 y que fuera utilizado para promover el Cientificismo dentro del Sistema Universitario Nacional. En este caso lo que se mide para reconocer si alguien es un investigador y de qué categoría, es su producción científica. Por más que esta idea tiene amplia aceptación en el mundo académico pocos ven que se trata de la puesta en práctica local del sistema inventado por los países vencedores de la 2a guerra Mundial, para controlar la producción científica a escala global a través del los procedimientos formulados en el Manual de Frascatti, y que condujeron al alienante sistema de producción científica actual del cual obtienen un máximo beneficio: investigadores y sistemas de investigación enteros desconectados de los problemas nacionales, productores de investigadores que generan conocimiento para alimentar sus carreras y entregan los nuevos conocimientos al sistema de revistas con referato internacional controlado mayoritariamente por sólo seis empresas editoriales y que permite a las grandes empresas multinacionales aprovechar sin mayores costos, el esfuerzo de cientos de miles de investigadores. Se promueven investigadores, apasionados por el conocimiento y por todo lo que otorga poder para obtener subsidios, becarios, personal de apoyo, pero desconectados de la extensión y de la integración de funciones, sin compromiso social, pero capaces de llenar los casilleros que el sistema le exige llene en su currículum. Ahora bien, ¿cuál ha sido un problema muy importante de las Universidades Privadas argentinas? Que carecen de volumen, presencia en el contexto general, y que la mayoría de las carreras que dictan son las conocidas como de tiza y pizarrón, es decir baratas o muy baratas frente a las que requieren equipamiento, laboratorios e infraestructura apropiada y, ligado a estas características casi no albergan, como sus pares de países centrales, de equipos de investigación científica en las disciplinas denominadas duras. Estas características son reconocidas por el Consejo de Rectores de Universidades Privadas, CRUP, y para desarrollar sus capacidades de investigación y carreras específicas piensan avanzar a través del financiamiento estatal. Hacia fines del gobierno anterior en 2015, se autorizó a las Universidades Privadas a generar un sistema de evaluación y reconocimiento de sus investigadores, pero en este subsistema de universidades privadas, había pocos evaluadores con jerarquía para evaluar a sus pares. El SIDIUN, a diferencia del Régimen de Incentivos, permite otorgar la categoría de Investigador Universitario, tanto a investigadores de Universidades Públicas como Privadas. La primer ventaja, sus investigadores serán igualmente reconocidos ahora por TODO el sistema universitario incluyendo la jerarquía otorgada. La segunda reside en que el sistema público pondrá la parte sustancial que representan sus investigadores con la mayor jerarquía y financiará el sistema para evaluar a quienes internamente no pueden constituir un dispositivo similar. La tercera ventaja es que, se admitió investigadores de las categorías iniciales de investigador del CONICET como evaluadores para que las Universidades privadas pudieran participar en las comisiones evaluadoras. La cuarta ventaja, y principal logro del CRUP, es que pronto contarán con investigadores con el reconocimiento suficiente como para comenzar su proceso de generación de nuevas carreras técnico-científicas que los posicionará aún mejor para disputar los fondos públicos de investigación y desarrollo. El CIN, es decir las Universidades Públicas, dieron su aval para promover el SIDIUN y la Secretaría de Políticas Universitarias y el Ministerio de Educación de la Nación lo reglamentaron rápidamente en 2019.

En unos años veremos cómo evolucionan estos dos nuevos dispositivos. Los avances significativos para el desarrollo de la educación privada se producen en gobiernos de capitalismo de mercado o neoliberalismo y tienden, en un país con profundo arraigo de la Educación Pública, a la equiparación de lo privado con lo público. En 1956 el decreto de facto que permitió la existencia de Universidades Privadas, ratificado en 1958 por ley luego de la pelea de laica y libre; en 1995 con la Ley de Educación Superior que incluyó al sistema privado y al público equiparándolos dentro de una misma norma; en 2016 el sistema de Reconocimiento de Trayectos Formativos que establece que los estudiantes de ambos sistemas son equiparables; y en 2019, con el SIDIUN que establece que sus investigadores son similares.
Entonces, debemos entender que, si bien Cambiemos no logró instalar su sentido común sobre la educación y la universidad pública, si ha permeado de manera significativa en otras esferas y cuyas consecuencias todavía no se han desarrollado en su plenitud. Entonces está en nuestra tarea visibilizar estas transformaciones negativas y desactivarlas a tiempo.