Las políticas de derechos humanos del macrismo

Desde el inicio de su gestión, Mauricio Macri dio un giro en la política de Derechos Humanos respecto del camino que se venía recorriendo en la década anterior; todos recordaremos su ya tristemente célebre promesa de campaña durante el 2015: “Voy a terminar con el curro de los Derechos Humanos” le decía a sus futuros votantes. Y con su asunción en diciembre de ese año, este gobierno no ha parado de dar muestras del desprecio que siente por el reclamo histórico de encontrar “Memoria, Verdad y Justicia” pero también por la clara decisión política de desarticular el armado institucional en materia de Derechos Humanos. Las medidas y todo el accionar en este sentido son casi incontables, pero hagamos el intento de recordar algunas.

Una de las primeras muestras de dicho desprecio se desplegó a partir de la ruptura discursiva que se venía sosteniendo desde los organismos oficiales, pero sobre todo de las organizaciones de Derechos Humanos como “Madres” y “Abuelas” entre otras. En distintas y provocadoras declaraciones públicas allá por el 2016, varios funcionarios oficiales pusieron en duda la cifra de desaparecidos: Darío Lopérfido (quien en ese momento se encontraba al frente de la Secretaría de Cultura porteña) sostenía “En Argentina no hubo 30 mil desaparecidos”, y mencionaba que la cifra “se arregló en una mesa cerrada” para “conseguir subsidios”. Tampoco pasaron desapercibidas las declaraciones del entonces titular de la Aduana (ahora precandidato a presidente), Juan José Gómez Centurión, que negó que haya habido un plan sistemático de secuestro y desaparición de personas durante la dictadura. “No comparto que haya habido un plan genocida”, sostuvo, y fue el propio Mauricio Macri quien ese mismo año, en medios internacionales dijo “no tengo idea si fueron 9 mil o 30 mil”, al tiempo que se refirió a la dictadura militar como una “guerra sucia”, reflotando así la famosa Teoría de los dos demonios, que ha sido una constante durante la gestión macrista. Sumemosle el rol fundamental de los medios de comunicación oficiales y cómplices, que se han encargado de amplificar este mensaje; un ejemplo claro de esto es el editorial que emitía La Nación un día después de que Macri ganara en segunda vuelta, pidiendo por la liberación de 300 represores.

En la misma línea, desde 2016 se redujeron las transferencias de recursos a municipios y provincias para la señalización de ex centros clandestinos de detención, como sitios de la memoria y, al mismo tiempo, se limitó la financiación en Universidades con carreras de grado y posgrado vinculadas a los derechos humanos. También crecieron los arrestos domiciliarios de represores. Según el informe de la Procuraduría de crímenes contra la humanidad en 2016, los arrestos domiciliarios a represores aumentaron significativamente en relación a diciembre de 2015. Ni bien asumió Mauricio Macri los detenidos domiciliarios eran 439 y en un año y cuatro meses de gestión la cifra ascendía a 518. Esta situación perdura en el tiempo y es defendida de manera ferviente por el Secretario de Derechos Humanos y Pluralismo Cultural, Claudio Avruj, así como la idea (ahora como proyecto de ley que pretenden llevar al Congreso si Mauricio Macri es reelecto en las próximas elecciones) de resarcir económicamente a las familias de integrantes de las fuerzas armadas que murieron en enfrentamientos con las organizaciones políticas que abogaron por la lucha armada durante los años previos y durante la dictadura civil y militar en nuestro país.

A esto podemos agregar una lista larguísima de acciones y decisiones, todas en la la línea antes mencionada: desde las declaraciones en 2017 del presidente Macri sosteniendo que Milagro Sala “merece estar presa”, hasta la baja en los presupuestos vinculados a programas de DDHH y la merma en el aporte que los países miembros hacen a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (quienes fueron críticos respecto de la arbitrariedad de la detención de Milagro Sala en Jujuy). En ese mismo año también la Corte Suprema de Justicia, por voto mayoritario (2 de los 3 votos a favor fueron de los jueces nombrados en principio por decreto de Macri, Carlos Rosenkrantz y Carlos Rosatti, a 5 días de haber asumido en el 2015) en un fallo sin precedente que otorgaba el beneficio del 2 x 1 al represor civil Luis Muiña, situación que obligó al gobierno a promulgar una ley que excluye del beneficio de la reducción de pena a quienes estén condenados por delitos de lesa humanidad, tratada en el Congreso, luego de una multitudinaria marcha en Plaza de Mayo en la que se repudió dicho fallo en mayo de ese año.
El 2017 también fue clave respecto de uno de los hechos de mayor repercusión durante la gestión macrista, porque marcó la posición del gobierno en relación a las violaciones de derechos cometidas por las fuerzas de seguridad: hablamos de la desaparición seguida de muerte de Santiago Maldonado en manos de la Gendarmería Nacional pero también del asesinato de Rafael Nahuel por parte de la Prefectura. En ambos casos, el gobierno a través de la Ministra de Seguridad Patricia Bullrich a la cabeza, fue clave tanto para el entorpecimiento de las investigaciones así como en el manto de sospecha que recayó sobre las víctimas y en el refuerzo de un discurso que avala la impunidad en el accionar de las fuerzas represivas. Por eso aunque indigna, no sorprendió que Incluso hace unos días no más, cuando se cumplieran dos años de la muerte de Santiago y en el marco de la marcha encabezada por la familia Maldonado por el pedido de reapertura de la causa en la que se investigó la muerte del joven, la ministra, fiel a su estilo violento e irresponsable volvió a defender el accionar de las fuerzas bajo su cartera.
Estas acciones durante las muertes de Maldonado y Nahuel, no fueron más que el inicio de lo que luego decantaría en la llamada “Doctrina Chocobar”, legalizada a través del protocolo elaborado por la cartera que dirige Bullrich a fines del año 2018, que modificó el uso de armas de fuego en manos de las fuerzas, y que fue declarado inconstitucional en la Ciudad de Buenos Aires. Esto tuvo su correlato en el terrible accionar de la policía de la Provincia de Buenos Aires, con el asesinato de los cuatro adolescentes de San Miguel del Monte hace apenas unos meses, pero antes de esto con el asesinato de Facundo Burgos de 11 años en Rosario en marzo de 2018 y recientemente con el de Diego Cagliero en Martín Coronado, solo por nombrar algunos casos.

El presidente Macri y toda su gestión no han hecho más que atacar la lucha histórica de los Derechos Humanos y a todas las organizaciones que la encabezaron, no solo a través de sus propios funcionarios sino también de los medios cómplices, con quienes además cuentan para blindar todo el desastre económico y social que han provocado en estos 3 años y 8 meses de gestión, y que sólo en el último año sumió en la pobreza a 4 millones de argentinos y argentinas. En este sentido tiene mucha lógica que el Estado recrudezca sus políticas represivas, porque en un modelo económico donde cada día más de 10.000 nuevas personas caen en la pobreza y más de 2.800 en la indigencia, la única respuesta que Macri decide ofrecer es el recrudecimiento del aparato represivo estatal.