La lucha por la universidad pública: defender y avanzar

En la coyuntura actual, a más de 16 de meses del inicio del gobierno de Cambiemos, resulta imposible hablar de la situación de la universidad pública sin hacer referencia, en primer lugar, a la situación del conjunto de trabajadores y trabajadoras y, en segundo término, al estado de lo público.

No se trata de solidaridad de clase, o por lo menos no solamente. Se trata de un escenario político que ha creado el gobierno nacional, en el cual el conflicto docente, y en especial el de la Provincia de Buenos Aires, se ha convertido en la madre de todas las batallas.

Durante todo el mes de marzo los sindicatos de la docencia universitaria hemos dicho a todo aquel que quiera escuchar estas cuatro cosas: 1) la paritaria nacional docente es una ley (la Ley de financiamiento educativo) que el gobierno nacional debe cumplir, le guste o no. 2) Los docentes universitarios también somos afectados por este incumplimiento porque el salario mínimo que allí se establece es la referencia para nuestra garantía salarial, y porque el Fonyd (la parte del salario docente que paga el Estado Nacional) también forma parte del salario de los docentes de nuestras escuelas preuniversitarias. 3) El gobierno ha decidido que la paritaria docente sea el caso testigo para limitar las paritarias del resto de los sectores y disciplinar así al conjunto de los trabajadores. 4) Ofertas del 18, 19 o 20% resultan inaceptables porque no reconocen la pérdida del poder adquisitivo de 2016, y porque no alcanza a cubrir las perspectivas de inflación para 2017.

Agregamos una cosa más: este gobierno ataca a las organizaciones sindicales en su conjunto y lo hace desconociendo las paritarias como institución, burlándose de las amenazas a los dirigentes sindicales, amenazando con quitar la personería gremial (en el caso de los Metrodelegados se concretó a través de un fallo judicial aberrante), amenazando con aplicar multas millonarias y, finalmente, a través de la represión, como la que vivimos el domingo 9 de abril por la noche en la Plaza de los Dos Congresos cuando se intentaba instalar una Escuela Itinerante.

Levantar la bandera de la educación pública es reivindicar la educación como derecho y, por ende, afirmar que es el Estado el que debe garantizarlo. Los salarios dignos de quienes ejercemos la docencia en todos los niveles son solamente un componente. La infraestructura adecuada, las becas para los estudiantes, las becas y subsidios para la investigación, la formación docente o los programas socio educativos también forman parte de nuestras reivindicaciones.

La universidad pública afronta varios problemas de diversa índole: en primer lugar, uno presupuestario, porque en 2016 no llegó, como sucedía antes, un refuerzo presupuestario para paliar los efectos de la inflación. A su vez, la subejecución del presupuesto fue un problema durante todo 2016 y nuevamente durante este año, en el cuál se retrasó hasta 11 meses el envío de las partidas. Por otro lado, muchas obras de infraestructura planificadas para la construcción de aulas y laboratorios han sido demoradas o suspendidas, mientras que se han dado de baja o se han recortado distintos programas de becas y subsidios de investigación. A esto se le suma que se han rescindido todos los contratos del Estado con las universidades nacionales, sin discriminar el tipo de contrato o su objetivo.

Un segundo problema que hoy enfrenta la universidad pública es el hecho de ser objeto de un cuestionamiento simultáneo por parte de las autoridades del gobierno nacional, los medios de comunicación concentrados y los miembros del Poder Judicial. Dicen que somos corruptas y que desperdiciamos recursos. Y digo “somos” porque la universidad somos los docentes, los estudiantes, los no docentes, los graduados.

Pero todo esto ya lo sabemos, lo hemos dicho infinidad de veces: Esta es una lucha que se proyecta larga, ardua, que necesita y seguirá necesitando del compromiso, de las energías, de la unidad, de la multiplicidad del amplio repertorio de protestas. Pero para que esas energías se renueven, para seguir sumando actores sociales a la defensa de la universidad pública, tenemos que poder pensar nuestras posibilidades de acción dentro y desde de la universidad, incluso en este contexto de ajuste.

Con ese objetivo en el horizonte, la vinculación e integración con la comunidad resulta fundamental para un proyecto de universidad abierta, inclusiva, nacional, con estrechos lazos con los problemas sociales. El Consejo Social cumple un papel importante y debemos valorizarlo como tal, es decir, otorgárles a los consejeros por la comunidad la plena ciudadanía, con voz y voto. Pero esto no alcanza, no solo hay que “dejar hacer” a aquellos investigadores-docentes que, motu proprio, encaran año a año distintos proyectos de voluntariado y de vinculación con la comunidad. Hay que promoverlo y para ello no solo hacen falta recursos, sino también otro tipo de estímulos, como la adecuada valoración que le damos a esos proyectos a la hora de evaluar su desempeño. Ese fue uno de los objetivos de ADIUNGS al participar de la elaboración de los criterios de la EPID (evaluación periódica individual para los investigadores docentes regulares para su estabilidad). Las universidades, según lo marca el Convenio Colectivo de Trabajo, somos las que debemos definir nuestros instrumentos de evaluación, y ninguna es neutral. Si queremos que el CONICET y los campos del Sigeva dejen de dominar, al menos por completo, nuestras carreras profesionales, entonces debemos revisar todos nuestros reglamentos de concursos, nuestras grillas de evaluación, etc.

Los momentos de revisión de los estatutos, como el que estamos atravesando en la UNGS, son muy importantes porque nos permiten volver a debatir cuestiones centrales, como quién forma parte de la comunidad política universitaria, qué voces queremos poner en pie de igualdad, el claustro único docente o la elección directa. Tales debates no solo suelen darnos un panorama claro de los actores y de las posiciones, sino que también permiten revitalizar la argumentación como parte de la lucha política.

De cara al aniversario de la Reforma del 18, creo que tenemos que asumir el compromiso de un debate profundo por una Segunda Reforma que vuelva a pensar cuál es el rol social de la universidad y qué entendemos por autonomía. En los años de gobierno kirchnerista este debate retornó cuando nuestro primer Convenio Colectivo de Trabajo se transformó en ley nacional. Lo dijimos en ese entonces, que no es hace tanto, y seguimos diciéndolo ahora: la autonomía no puede ser la excusa para vulnerar derechos. Sin embargo, también es cierto que en momentos de retroceso en materia de derechos, como el que vivimos desde diciembre de 2015, esa autonomía puede ser la herramienta para el resguardo de derechos. No obstante, tenemos que aprender de la experiencia de los noventa, y no permitir que nuestras universidades elijan como modo de supervivencia el aislamiento del mundo que nos rodea. Convertir nuestra universidad en pequeños micromundos más amables que el desierto exterior es una respuesta cómoda pero inaceptable.

En épocas como esta tenemos que saber aprovechar dos cosas que conserva la universidad pública para poder avanzar y no solo estar a la defensiva, porque ese avance también forma parte de nuestra lucha. En primer lugar, tenemos la autonomía, que nos permite darnos un gobierno y una legislación interna que podrían permitirnos avanzar, por ejemplo, en materia de igualdad de género. Es inaceptable que siendo las mujeres mayoría en docentes, graduadas, estudiantes y no docentes, contemos hoy con apenas un 11% de rectoras en el Consejo Interuniversitario Nacional. La igualdad de género dentro de la universidad debe atravesar cada una de las decisiones, por ejemplo a la hora de conformar los gabinetes de rectores y decanos, a la hora de avanzar en las licencias, a la hora de redactar resoluciones, a la hora de elaborar una política cultural y de medios. Porque podemos hacerlo desde la universidad es que debemos hacerlo. La segunda cosa que tenemos que saber capitalizar y aprovechar es el alto prestigio con el que cuenta la universidad pública. En esta clave debemos leer el furibundo ataque que ya mencionamos más arriba. Atacar el carácter público de la universidad es el paso necesario para transformarla en una mercancía para pocos. Seamos conscientes que ese prestigio, que ese valor social que es hoy la universidad, es uno de los principales obstáculos al proyecto que el gobierno de Cambiemos tiene para nosotros.

Estas breves palabras intentan ser un llamado a que el contexto adverso, neoliberal y autoritario, no nos inmovilice ni nos desgaste. Los universitarios tenemos la experiencia de los plazos largos y de los esfuerzos prolongados, para recibirnos, para investigar, para obtener un resultado. En el placer de seguir haciendo lo que elegimos, como trabajo pero también como vocación, en la firme convicción de lo que estamos defendiendo, en el carácter colectivo de nuestra labor cotidiana, encontramos lo que necesitamos para dar esta lucha, para defender, pero también para avanzar.