El trabajo en disputa

La licuación de los salarios reales, el aumento de la tasa de desempleo, el crecimiento del trabajo informal, una menor homologación de acuerdos y nuevas figuras laborales sin regulación son, a grandes rasgos, la herencia de estos últimos años en el plano laboral. El pasaje del Ministerio de Trabajo, Empleo y Seguridad Social al nivel de Secretaría es, probablemente, la advertencia y decisión más simbólica de actual etapa en esta materia.

El mercado de trabajo exhibe un comportamiento de permanente deterioro desde que asumió la administración del gobierno macrista hacia fines de 2015.

En primer lugar, el principal indicador a través del cual se aprecian las problemáticas que emergen o se profundizan de la etapa anterior sobre el mercado de trabajo, es el aumento de varios puntos porcentuales en la tasa de desempleo hasta alcanzar los dos dígitos en la última publicación oficial. El desempleo trepó a 10,1% en el primer trimestre de 2019 y es el nivel más alto en 13 años. Proyectado a nivel de la población total urbana del país, son 1.961.840 las personas desempleadas, 211.800 más que en el mismo período del año pasado, para una fuerza laboral total de 18 millones de personas que constituyen la población económicamente activa argentina. La suba de la tasa de desempleo se explica por la contracción de la población ocupada: entre marzo de 2018 y marzo de 2019 el empleo asalariado en el sector privado cayó un -2,5%, lo que equivale a 161.000 puestos de trabajo. Al mismo tiempo, estos resultados acarrean fuertes tensiones en materia de seguridad social. La caída en la cantidad de aportantes ocasionada por la disminución del empleo registrado mina la sustentabilidad económica del sistema.

La aceleración de la inflación hizo la otra parte: con paritarias que no la acompañaron el crecimiento de los precios y precios de los alimentos y energía a nivel internacional -o superior- se fue profundizando la pérdida de poder adquisitivo de los trabajadores, jubilados y beneficiarios de otras partidas de protección social. Así, la pérdida de ingresos reales más el recorte (real) en el gasto público traccionaron la caída del consumo interno que ha puesto en jaque mate al conjunto del aparato productivo que tiene esta orientación para los productos que elabora. Los otros instrumentos de política económica tampoco se orientaron a mitigar las consecuencias de la recesión, la política monetaria ha sido fuertemente contractiva y las políticas activas de empleo se han desfinanciado (formación profesional, inserción laboral y REPRO, entre otras). En paralelo se fueron limitando y/o des jerarquizando a diversas instituciones laborales como el Consejo del Salario Mínimo, la Paritaria Nacional Docente y el emblemático Ministerio de Trabajo, Empleo y Seguridad Social.

En consecuencia, en aglomerados urbanos con una base productiva industrial considerable, se evidenciaron rápidamente los resultados. La tasa de desempleo, ya el cuarto trimestre de 2018, exhibío niveles de dos dígitos como en la década de los noventa. Los partidos del Gran Buenos Aires, Gran Rosario, San Nicolás y Villa Constitución son algunos ejemplos de esta situación. Por su parte, en termino de los salarios, desde la asunción de Cambiemos el sector público tuvo una trayectoria incluso más negativa que los del sector privado.

El aumento de la tasa de desempleo y la perdida de poder adquisitivo de todo tipo de ingresos han traído otras implicancias en los mercados laborales urbanos de Argentina como lo es el aumento en la cantidad de subocupados y el aumento de la tasa de actividad: más personas que antes estaban en la inactividad se vuelcan al mercado de trabajo, muy probablemente para compensar caída en los ingresos del hogar. Aunque la causalidad también puede ser válida en sentido inverso: la tasa de desempleo crece porque estas personas que ahora ofrecen su fuerza de trabajo por las razones mencionadas no encuentran quien la demande, pero los impulsores del proceso son los mismos.

En segundo lugar, otra de las problemáticas es que, dentro del empleo asalariado, comienza a ganar peso el empleo sin registración laboral. Su incidencia pasa del 33% en el segundo trimestre del 2015 a más del 35% en el cuarto trimestre de 2018. Este tipo de empleo presenta ciertas particularidades. Además de no contar con protección frente al despido arbitrario y quedar excluido de los beneficios de la seguridad social (jubilación, obra social, etc.), es altamente probable que las condiciones laborales no queden reguladas por las cláusulas del convenio colectivo. Por su parte, el empleo informal (sea asalariado o cuentapropista) es un refugio tanto para quienes han perdido su empleo formal o la salida para estas personas que mencionamos -cuya incorporación al mercado de trabajo se orienta a complementar los ingresos familiares-. Por citar algunas cifras, los asalariados no registrados, entre 2015 y 2016, crecieron un 6,6% interanual y entre los cuartos trimestres de 2017 y 2018, más de 50 mil personas se sumaron a esta categoría de empleo.

En consecuencia, como el empleo no registrado mostró un comportamiento contra-cíclico (se expandió cuando la actividad económica se desaceleró), se podría afirmar que, de no ser por el efecto amortiguador del empleo informal, la tasa de desempleo podría haber subido aún más. Por otro lado, cabe destacar que en Argentina el grueso del cuentapropismo es de baja calificación (los profesionales son solo el 18% del cuentapropismo total) y no del tipo “empresario emprendedor”.

En tercer lugar, y en estrecha relación a la cuestión de la informalidad, las nuevas plataformas tecnológicas (Uber, Rappi, Glovo, Pedidos Ya, Zolvers, entre las más difundidas en nuestro país), han otorgado en la coyuntura reciente una oportunidad de empleo de fácil entrada, dados sus bajos requisitos de calificación. Esta “gestión algorítmica” de la fuerza de trabajo, solo en los casos de actividades donde están más reguladas, requieren la inscripción de los trabajadores bajo la figura del “monotributo”, excluyendo así a estos trabajadores de la regulación laboral y de la aplicación de los convenios colectivos. Los empleadores y propietarios de las plataformas, en su mayoría, no reconocen la relación laboral. Su tendencia a incorporar trabajadores por cuenta propia – frecuentemente bajo alusiones a términos como “asociados” o “colaboradores”, ha generado polémicas sobre la verdadera naturaleza de estas relaciones laborales. De cualquier forma, este fenómeno reedita problemas preexistentes del trabajo de los cuentapropistas, especialmente en lo que concierne a las dificultades para acceder a mecanismos de protección social. Lo que resulta urgentemente necesario resaltar es que este tipo de precarización del empleo de ningún modo es el resultado inevitable de la incorporación de estas tecnologías.

En cuarto lugar, y siguiendo a Trajtemberg, la frecuencia de los convenios y acuerdos colectivos homologados mostró una trayectoria ascendente durante las distintas etapas de los gobiernos kirchneristas. Desde los 200 convenios y acuerdos anuales pactados durante los noventa, en el marco de una política de ingresos que alentaba el aumento del peso de la masa salarial en el ingreso nacional, fue creciendo la cantidad de negociaciones hasta alcanzar las 2.000 unidades en 2010. Este número se mantuvo relativamente constante hasta el inicio del gobierno del presidente Macri. No obstante, en 2016 se redujo la frecuencia de homologaciones de convenios y acuerdos colectivos, al pasar de 1957 que se habían registrado en 2015 a 1730 en 2016, es decir, una reducción del 12%. Esta caída de la frecuencia de negociación se verificó tanto entre los convenios y acuerdos de actividad como en los de empresa (-10% y -12%, respectivamente). Los incrementos pactados por los gremios, en la gran mayoría de los casos, no lograron alcanzar, y quedaron bastante alejados, de la inflación del período paritario. La única excepción la constituyó el gremio de bancarios que ajustó sus salarios en función de la evolución de la inflación y consiguió en el período paritario (coincide con el año calendario) un aumento de casi un 48%.

El modelo de negociación colectiva argentino configura un sistema centralizado en grandes unidades de negociación por rama de actividad. Este esquema asegura una amplia cobertura sobre el universo del empleo asalariado registrado del sector privado. En cambio, sobre el segmento del empleo asalariado no registrado la operatividad de la negociación colectiva es parcial. Aún quedan excluidos importantes colectivos de trabajadores que requieren nuevas formas de representación, por lo menos, hasta que mejoren las condiciones de trabajo y de contratación de la población.

En síntesis, más allá de la coyuntura, la evidencia citada pone de manifiesto que el cuadro laboral argentino es sumamente delicado. La herencia en materia laboral que dejará el gobierno de Cambiemos consistirá en: niveles de desocupación consolidándose en torno a los dos dígitos, una estructura ocupacional precarizada, destrucción del aparato productivo e instituciones laborales muy debilitadas.