El ajuste de la alianza Cambiemos-FMI llega con todo a las Universidades

El proyecto de Presupuesto 2019 enviado al Parlamento Nacional por el presidente Mauricio Macri es una expresión cabal del acuerdo que el gobierno hizo, y está dispuesto a profundizar, con el Fondo Monetario Internacional.

Desde diciembre de 2015 el país ha retomado una política de endeudamiento externo insustentable que se manifiesta claramente en el presupuesto del año 2019 en donde de cada cien pesos que gaste el Estado, casi diecinueve serán para afrontar los servicios de la deuda, cuando hasta nada más que tres años esa proporción era solo de seis pesos de cada cien.

La deuda externa vuelve, como ocurrió durante el último cuarto del siglo XX, a ser el condicionante de la política fiscal, en particular del gasto público. Esa asfixia que durante los tres gobiernos kirchneristas casi había logrado desaparecer del escenario económico, en el gobierno de Cambiemos ha reaparecido con una fuerza inusitada. Los servicios de la deuda condicionarán cada vez más los gastos sustantivos del Estado, entre ellos el destinado a la educación superior.

En relación al presupuesto universitario, las autoridades de la cartera educativa se han encargado de sostener que están cumpliendo con la demanda de recursos solicitada por el Consejo Interuniversitario Nacional (organismo que nuclea a todas las instituciones universitarias nacionales), y muestran un incremento del 39,7%, cuando en rigor de verdad se trata de galimatías para ocultar el verdadero y profundo ajuste que sufrirán las universidades nacionales.

El CIN solicitó para 2019 la suma de $ 144.115 millones de pesos. Este pedido estaba compuesto de la siguiente manera: a) $ 128.966 millones para transferir de forma directa a las universidades ($ 111.528 para salarios actualizados con los acuerdos paritarios 2018 más $ 17.437 para gastos de funcionamiento); b) $ 1.800 millones en programas a distribuir (Programa de Incentivos, Fortalecimiento RRHH, Gastos en CyT, sostenimiento del SIU; c) $ 13.000 millones para otros programas (FUNDAR, becas, etc.) y d) más de $ 4.000 millones para infraestructura universitaria.

El presupuesto presentado por el Ejecutivo dice destinar $144.650 millones en “transferencias a universidades”, cifra mayor a la solicitada por el CIN, pero con varias trampas y mucha “cosmética”.

Lo real, concreto y tangible es que se propone asignar en 2019, vía el artículo 12, la suma de $ 121.952 millones para transferir directamente a las universidades (lo que se conoce como planilla “A”). Esos son $ 7.000.- menos que lo reclamado por el CIN.

Si consideramos el monto aprobado en la ley del año 2018, el incremento nominal para 2019 es de tan sólo el 29,75%. En términos reales, con una inflación este ejercicio, reconocida por el gobierno en los “papers” de intercambio con el FMI, de al menos el 42%, ese porcentaje equivale a un caída “real” del 9,5% en los fondos para las universidades.
Hay recursos en una serie de programas, que en la jerga presupuestaria, se encuentran “debajo de la línea” y administra la Secretaria de Políticas Universitarias: para las universidades de reciente creación ($ 250 millones), Ciencia y Técnica ($ 500 millones) y funcionamiento del SIU ($ 75,4 millones). Todos ellos tienen el mismo valor nominal que en 2018. Ahí el incremento presupuestario (nominal y porcentual) es cero.

Sin embargo, todo eso sumado no arroja la suma “mágica” indicada de $ 144.650 millones, para llegar a ello, en otros programas del Ministerio de Educación, Ciencia y Tecnología y Cultura, aparecen algunas novedades tales como: $ 9.500 millones para un rubro denominado “recomposición salarial”. Si eso fuera para abordar las paritarias salariales del año 2019, estamos frente a dos particularidades: a) normalmente esos montos no forman parte del presupuesto en estas instancias, sino que son gastos que se incorporan como política salarial durante el año en curso y b) el sistema destina aproximadamente el 80% de su gasto en salarios, por ende, eso implicaría que el aumento salarial que el gobierno está proponiendo para 2019 alcance el 9,7% ($ 121.952 millones por 80% = $ 97.561,60 millones). Si se confirmara esto, no habría nada para festejar.

Por otro lado, hay un ítem llamativo denominado “transferencias varias”, que coloca $ 4.000 millones adicionales, pero al estar identificado de esa forma, sin especificar destino, y siendo tan impreciso, da para pensar que podría no ser ejecutado nunca. Esa presunción está basada en un antecedente reciente: en la ley Nº 27.431 (Presupuesto 2018) se aprobó una planilla “B” de $ 1.817 millones, y a la fecha esos recursos no se distribuyeron a las universidades, y es sabido que no se van a enviar esos fondos. En 2018, además, se recortaron unos $ 3.000 millones para obras. Razón por la cual, los $ 4.000 millones asumen el lugar de “falsas promesas”.

Hay un conjunto de universidades (Comahue, General Sarmiento, La Pampa, Patagonia San Juan Bosco, La Rioja, Misiones, Quilmes, Río Cuarto, Tierra del Fuego y Pedagógica Nacional) cuyo incremento presupuestario es, en promedio, del 24%, lo que las deja en el límite de poder afrontar el aumento paritario de 2018 y les deja un casi nulo acrecentamiento de los gastos de funcionamiento.

Un caso particular lo constituye la Universidad Nacional del Chaco Austral, ahí el incremento presupuestario otorgado es cero, nada de nada. Seguramente se trata de un error, ya que debemos suponer que el gobierno nacional no estará pensando en que el año próximo la institución puede funcionar con los mismos recursos que a principios de 2018.

Algunas de esas casas de altos estudios, claramente perjudicadas en materia presupuestaria, como la UNGS, han combatido y enfrentado en todas sus instancias y ámbitos político-institucionales las decisiones del gobierno nacional, esperemos que esas diferencias en la asignación de los recursos se traten de un error técnico en la confección del presupuesto, y puedan ser corregidas en la etapa parlamentaria, y no sean una represalia política.

Si algún integrante del gobierno piensa que esa puede ser la forma de disciplinar el pensamiento político de la comunidad (o las autoridades) universitarias, en definitiva, estaría demostrando, una vez más, el desconocimiento que tiene el elenco gubernamental sobre la universidad pública.

En este contexto recesivo (y regresivo) de la economía argentina, el proyecto de presupuesto, que es producto de la conjunción de ideas y políticas entre el FMI y Cambiemos, lo que hará es profundizar aún más el desfinanciamiento de las instituciones universitarias nacionales. Que eso no pase, dependerá, como casi siempre, de la lucha y movilización del pueblo argentino.