Declaración de los Sindicatos de Educación Superior e Investigación

de la Internacional de la Educación para América Latina

En el Centenario de la Reforma Universitaria, y con vistas a la III Conferencia Regional de Educación Superior (CRES 2018) que se celebra en Córdoba, Argentina, los sindicatos de Educación Superior e Investigación afiliados a la Internacional de la Educación manifestamos:

Que, tal como lo afirma la Declaración de Cartagena (CRES 2008), la educación superior es un bien público social, un derecho humano y universal, y un factor estratégico para los procesos de desarrollo soberano de los países de la región.
Que es un deber de los Estados financiar y sostener el desarrollo y fortalecimiento de los sistemas públicos de educación superior y de producción de conocimiento.
Que el reconocimiento de un derecho fundamental a la educación superior y universitaria requiere como condición básica e ineludible la gratuidad de los estudios, así como políticas públicas e institucionales que aseguren, junto al mejoramiento y la universalización de la educación inicial, básica y media, igualdad efectiva de condiciones para el desarrollo de los estudios en el nivel superior.
Que la orientación de la producción de conocimientos para el desarrollo soberano de las naciones y de la región latinoamericana requiere poner en cuestión los dispositivos que reproducen en nuestros países la dependencia académica, y construir formas alternativas de organización y evaluación de nuestro trabajo, tales que promuevan la vinculación de la investigación y la enseñanza con las necesidades, la experiencia histórica y el acervo cultural de nuestros pueblos.
Que no es posible asegurar el derecho a la educación superior y al conocimiento si no se garantizan adecuadas condiciones para el trabajo académico: salarios dignos, erradicación de todas las formas de precarización, carrera académica, estabilidad laboral, plantas docentes y de personal técnico y administrativo adecuadas a los requerimientos de una educación superior de calidad para todas y todos, ambientes de trabajo seguros, y relaciones laborales libres de violencia. Es fundamental que los gobiernos y las instituciones garanticen el derecho a la sindicalización y respeten la representación gremial de las y los trabajadores.
Que la autonomía universitaria, que es una condición necesaria para que la actividad académica pueda promover el desarrollo del pensamiento crítico sin otro condicionamiento que la voluntad democrática de los pueblos que constituye su fuente originaria de legitimidad, requiere ineludiblemente de la plena democratización del co-gobierno de las instituciones y del sistema en su conjunto.
Que la educación superior debe orientar la formación de profesionales que participen de manera activa, crítica y creativa en el desarrollo y fortalecimiento de la sociedad democrática.
Que las universidades y las instituciones de educación superior deben ser ámbitos que contribuyan a la integración respetuosa de la diversidad cultural de los pueblos.
Que es imprescindible avanzar hacia la paridad de género en las instituciones universitarias y de educación superior. La democratización de la universidad y la educación superior exige remover todos los condicionamientos que la sociedad patriarcal impone a las mujeres y que reproducen en el ámbito académico la desigualdad de género. La educación superior debe ser no sexista.
Que es necesario promover una integración latinoamericana de la educación superior y la investigación que, sobre la base de los principios aquí mencionados, pueda oponer un proyecto democrático y popular a toda pretensión de colonizar, elitizar y mercantilizar nuestros sistemas educativos y científicos.

En los primeros años del siglo XXI hemos transitado una etapa en la cual la emergencia de gobiernos populares en numerosos países de la región permitió iniciar en ellos transformaciones significativas para avanzar en el logro de la soberanía democrática y la justicia social. En aquellos años, también se avanzó en buena parte de la región en un proceso de reforma democrática de los sistemas educativos y universitarios, y en el fortalecimiento de las capacidades nacionales de producción de conocimiento y desarrollo tecnológico, en el marco de un fuerte impulso a la integración de los pueblos latinoamericanos.

Sin embargo, hoy nos encontramos enfrentando el avance de una reacción oligárquica que no encuentra límite a su afán de revancha clasista y su pretensión de continuar acumulando riqueza y privilegios sobre la base de la explotación y el sufrimiento de la mayoría. Nuevamente, la democracia está en jaque en nuestros países. La vulneración de los más elementales derechos y la corrupción de las instituciones bajo el mandato del poder económico imponen hoy el abuso de poder, la persecución de organizaciones y militantes populares, el hostigamiento judicial y mediático de sus referentes y la represión de la movilización social. El asedio a las organizaciones sindicales va de la mano de una reforma de la legislación laboral que pretende facilitar y legitimar el desempleo, la precarización del trabajo y la destrucción de nuestra capacidad de resistir al avasallamiento de los derechos históricamente conquistados.

Hoy, cuando una minoría pretende imponer criminales condiciones de sometimiento a la clase trabajadora, y borrar de la memoria colectiva la experiencia reciente de la conquista democrática de derechos, la educación y la universidad pública también están amenazadas.

La apropiación privada y la mercantilización de la educación y del conocimiento se despliega en todo el mundo con creciente intensidad, constituyendo una fuente de ganancias billonarias para algunos grupos económicos transnacionales, y alimentando un mecanismo de control ideológico de los procesos educativos y de investigación que profundiza la subordinación de los países periféricos al capitalismo global.

A 100 años de la Reforma, y a 10 años de la Declaración de Cartagena, nos comprometemos a seguir luchando por el sentido público de la educación superior y la universidad latinoamericana, reafirmando nuestra voluntad de profundizar su necesaria transformación democrática, en el marco de la lucha por la emancipación de nuestros pueblos para hacer posible una Patria Grande con justicia social.

Córdoba, 12 de junio de 2018

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