Visión ambiental en el Macrismo

Durante la guerra de Vietnam (1962-1971), las fuerzas armadas de Estados Unidos utilizaron una mezcla conocida como “agente naranja” compuesta por varios productos químicos en alta concentración, cuyo objetivo era destruir la cobertura vegetal dejando al “enemigo” expuesto sin lugar para resguardarse del ataque. Además, este tipo de ataque respondía a otro objetivo: la inducción forzosa de proyectos de urbanización por medio de la destrucción de la capacidad de los campesinos para ganarse la vida en el campo, obligándolos a huir a las ciudades dominadas por los Estados Unidos y privando así a la guerrilla de su apoyo rural y el suministro de alimentos. El agente naranja consta de una mezcla en iguales proporciones de dos herbicidas: 2,4-D y 2,4,5-T los cuales fueron desarrollados principalmente por Monsanto Corporation y Dow Chemical. Esta forma de ataque no solo significó una destrucción del ecosistema, sino también cientos de miles de muertes humanas a corto y a largo plazo ya que se registraron hasta 4 generaciones de vietnamitas con malformaciones y problemas de salud luego de estos ataques. La multinacional Monsanto fue demandada incluso por los veteranos de la guerra de Vietnam estadounidenses, debiendo la misma resarcirlos con una indemnización millonaria.

En 1995, en Estados Unidos se empezó a cultivar la soja transgénica resistente al herbicida Round Up, cuyo principio activo es el glifosato. Este herbicida inhibe el crecimiento de otras especies vegetales como las malezas. La soja “Round Up Ready” produce una enzima que no se ve afectada por el agrotóxico pudiendo sobrevivir a su aplicación y pudiendo obtener así una ventaja frente a otras plantas. Este paquete tecnológico rápidamente llegó a la Argentina en 1996 de la mano del gobierno de Carlos Menem. Su implementación fue rápidamente aprobada y contó con el respaldo de estudios de impacto ambiental y de salud presentados por la misma empresa. El Secretario de Agricultura de ese entonces, Felipe Solá, fue quien firmó el expediente. A partir de ese momento la siembra de soja transgénica creció de forma tal que se convirtió en el cultivo dominante del país, desplazando a otros como el maíz y el trigo lo que provocó grandes desmontes.

En el año 2009, Andrés Carrasco, ex presidente del CONICET, presentó una serie de estudios que demostraron que los agrotóxicos utilizados en el modelo sojero afectaban seriamente el desarrollo embrionario. Sin embargo, el entonces Ministro de Ciencia y hoy degradado a Secretario, Lino Baraño, desacreditó a Carrasco y solicitó a Otilia Vainstok, coordinadora del Comité Nacional de Ética en la Ciencia y Tecnología (CECTE) que evalúen la ética del científico por la investigación que ponía en jaque al modelo. Por otro lado, en el año 2015 la Organización Mundial de la Salud declaró al glifosato como agente cancerígeno. Todas estas cuestiones ponen de manifiesto la peligrosidad de los agrotóxicos en la salud no sólo para las personas que entran en contacto directo con los mismos sino también, para las generaciones subsiguientes. Sin embargo, todas estas cuestiones quedaron minimizadas cuando se conoció que dos de las empresas desarrolladoras de productos más importantes se fusionaron. En junio de 2018, la gran industria farmacéutica Bayer compró a la empresa Monsanto por una suma millonaria otorgándole a sus CEOs un negocio redondo: la enfermedad y también la cura.

A lo largo de toda su gestión, el macrismo ha puesto mucha energía en beneficiar al sector agrícola y permanentemente vela por “volver a ser parte del mundo”, lo cual hace en detrimento de otras actividades como la producción industrial, dejando desprotegido al mercado interno. En su afán por favorecer a la producción agrícola, el gobierno de Cambiemos ha impulsado y defendido decretos que extendían los permisos para las aplicaciones de agroquímicos inclusive sobre escuelas rurales. Por ejemplo, se puede citar el caso del decreto firmado por el gobernador de la provincia de Entre Ríos, Gustavo Bordet, quien autorizó a fumigar los campos de soja en horario escolar y a su vez estableció como distancia mínima de la aplicación de herbicidas solamente a una proximidad de 100 metros de los establecimientos educativos. La firma de dicho decreto movilizó al Foro Ecologista de Paraná y a la Asociación Gremial del Magisterio de Entre Ríos (AGMER), quienes presentaron un amparo que logró que el decreto fuera declarado inconstitucional. A pesar de la apelación del gobierno provincial, el máximo tribunal dispuso realizar “en forma exhaustiva y sostenida en el tiempo, los estudios que permitan delinear pautas objetivas en torno al uso racional de químicos y agroquímicos, poniendo el acento en la prevención de los daños”, y además suspendió de inmediato las aplicaciones de fitosanitarios en las áreas sembradas lindantes a escuelas rurales en horario de clases. Cabe destacar que la UNGS expresó su repudio al decreto impulsado por el gobernador Bordet mediante una resolución del Consejo Superior .

Macri no quiso perder en esa ocasión la oportunidad de pronunciarse a favor de una fumigación sin barreras y exhortó al gobierno de Entre Ríos a rechazar el fallo declarando a los medios de comunicación que los productores le habían planteado que el fallo del máximo tribunal “pone en riesgo más del 20 por ciento de la capacidad agroindustrial y productiva de la provincia que es este fallo irresponsable acerca de las distancias alrededor de las escuelas en las cuales se puede no aplicar fertilizantes”, si… fertilizantes!. No conforme con esa declaración, continuó calificando al fallo como absurdo y “que no se basa en ningún rigor científico”. En esa ocasión, Macri se refirió a un “fertilizante” muy popular…. El Glifosato. Los límites que El presidente en ese momento titulaba de absurdos y tanto cuestionaba, eran aquellos que se discutían en torno a las distancias que debían existir entre las escuelas y las producciones agrícolas. Cabe destacar que un fertilizante provee a las plantas de nutrientes tales como fósforo, nitrógeno y potasio para beneficio de su crecimiento; cuando alguien se refiere al glifosato o a cualquier otro agroquímico, está hablando de productos sintéticos cuyo objetivo es eliminar plagas (malezas, insectos, hongos, etc.) mediante mecanismos que alteran el sistema nervioso central o las actividades metabólicas. Macri estaba en lo correcto cuando dijo que los productores no estaban de acuerdo con la disposición del tribunal: el vicepresidente primero de la Federación Agraria Argentina, Elvio Guía, declaró en su momento “El amparo presentado por la asociación ambientalista y por el gremio docente prohibe pulverizaciones a mil metros a la redonda de las escuelas. Con la cantidad de colegios que tenemos en Entre Ríos, esto significa 300 mil hectáreas sin pulverizar”, y a su vez calificó a esto como un problema no sólo para el sector agrícola sino también para la sociedad. Defendió a su sector argumentando que están ejerciendo una actividad lícita.

Todo este debate se dió en torno a una provincia como Entre Ríos, donde es más que conocido el caso de Fabián Tomasi, quien murió a causa de los agrotóxicos, los cuales le provocaron una enfermedad que lo dejó con una importante pérdida de masa muscular limitado en movilidad e incapaz de ingerir alimentos. Además, en consonancia con “reinsertarnos en el mundo” y en el marco de las dos condenas a Monsanto y Bayer en Estados Unidos por causar cáncer a numerosas personas, el presidente mencionó que el fallo contra el decreto impulsado por el gobernador entrerriano carecía de rigor científico pese a todo lo que hoy en día se conoce de los efectos de los agrotóxicos en la salud. Es importante señalar que el 55% de los niños y adultos internados en el Hospital Garrahan y el Hospital Italiano por casos de cáncer o malformaciones son entrerrianos por lo que no es casual que en una provincia donde se fumigan escuelas se tengan altos números de casos de cáncer infantil.

El gobierno de Cambiemos en la Provincia de Buenos Aires no ha resultado ser muy diferente. La gobernadora María Eugenia Vidal intentó habilitar fumigaciones aéreas y terrestres con agrotóxicos sin restricción mediante la resolución N° 246/18, impulsada desde el Ministerio de Agroindustria bonaerense conducido por un exgerente de Monsanto, Leonardo Sarquis. Dicha resolución fue fuertemente rechazada porque nuevamente reconocía entre otros a los establecimientos educativos como parte de la “zona de amortiguamiento” para la aplicación de plaguicidas y fitosanitarios. De todas maneras, según indicó la cartera en el Boletín Oficial de la Provincia de Buenos Aires N° 28465, la suspensión de la vigencia de la resolución será “por el término de un 1 (un) año a fin de poder trabajar –durante este tiempo- en forma precisa, eficiente y detallada, y a su vez optimizar las condiciones de operatividad con los Municipios suscriptores del convenio de colaboración y asistencia que permita su implementación”.

Todos estos hechos se conjugan con otros episodios de fumigaciones aéreas sobre escuelas rurales que podrían ser análogas a las escenas de Vietnam donde el ejército estadounidense literalmente fumigaba a los enemigos. Se repite la historia sobre los desarrolladores de estos productos, Monsanto nuevamente vuelve a enriquecerse fabricando productos que no solamente contaminan el suelo y el agua, sino que también enferman a las poblaciones presentes y futuras. Y, en particular, queda en evidencia como el gobierno de Cambiemos le “declara la guerra” a la educación pública ya que no solo cierra las escuelas rurales, como en el caso de la Provincia de Buenos Aires, sino que las ataca con agrotóxicos para mantener un modelo que empobrece, envenena y degrada el ambiente.

Los problemas ambientales deben ser analizados desde una perspectiva transdisciplinar en la cual el problema de los agrotóxicos y de un sistema productivo que degrada el suelo al arrasar con los nutrientes, lavarlo e impermeabilizarlo, se combina con cuestiones sociales en las que por un lado existe una necesidad laboral y por el otro el derecho a la salud y a la educación en un ambiente limpio y seguro. En los últimos días la Ministra de seguridad de la Nación, Patricia Bullrich, presentó el Servicio Cívico Voluntario en Valores para jóvenes entre 16 y 20 años, cuyos objetivos son brindar una capacitación en valores democráticos y republicanos, hábitos responsables y un estímulo a la finalización del ciclo lectivo obligatorio entre otros y el cual será implementado por la gendarmería. Pareciera que esta política de militarizar los valores va en línea con declararle la guerra a la educación pública, ya que si desde el gobierno se quiere fomentar la finalización del ciclo lectivo obligatorio se debe garantizar un ambiente sano y escuelas en condiciones dignas. Los hábitos responsables deberían adquirirlos los grandes productores quienes terminan fumigando personas que poco tienen que ver con las ganancias en este modelo agrícola y, fundamentalmente, aquellos que mediante su política de estado apañan estas prácticas y las defienden escondiéndose en un discurso vacío y carente de sustento.