El ambiente en un programa neoliberal

En el análisis de los programas de toda política económica suele aparecer una tensión entre aquellos que ponderan ciertos indicadores “macro”, esos que algunos los entienden como los “verdaderamente económicos” y otros que nos hablan del impacto social de tales políticas. Estamos acostumbrados a –y cansados de – escuchar a la ortodoxia hablar de “ordenar las cuentas” y “mejorar los números” pero también estamos acostumbrados a que la descripción del impacto de tales políticas se limite a la enumeración de indicadores sociales tales como pobreza, indigencia, desocupación, etc.

Discutir los límites y el alcance de aquello que denominamos “social”, “económico” o “ambiental” nos llevaría un largo y tal vez interesante debate académico que excede los límites de este artículo. El análisis de la relación Sociedad – Economía – Naturaleza tiene una larga tradición y abarca explícita o implícitamente a todas las escuelas del pensamiento económico. La idea, por el momento, es dejar en claro que las consecuencias de una política económica neoliberal, no se limitan al alcance de la contradictoria relación capital-trabajo. En efecto, la relación capital-naturaleza o, como la denominó James O’Connor, la segunda contradicción del capitalismo, es un componente clave a la hora de discutir qué tipo de desarrollo pretendemos. En este artículo intentaremos dar un balance sobre el desempeño en materia ambiental de los cuatro años de gestión del gobierno de Cambiemos.

Un análisis simplista, aunque no falto de lógica, nos podría decir que todo proceso de reactivación económica podría tener consecuencias negativas para el medio ambiente. Al haber mayor actividad se desencadenaría un mayor consumo de recursos, lo cual también traería mayores emisiones de dióxido de carbono y otros gases de efecto invernadero, mayor cantidad de residuos, mayor gasto energético y, en países como el nuestro, un retroceso de las superficies con ecosistemas originales tales como bosques o pastizales naturales. Este cúmulo de problemas no es otra cosa que la consecuencia implícita de un modelo de desarrollo que tiene como último fin la reproducción ampliada de capital más allá de todo límite. Modelo de desarrollo que en última instancia comparten buena parte de la ortodoxia y de la heterodoxia económica. De allí que en los últimos años se haya hecho eco de miradas críticas como las ideas del “buen vivir” o la provocadora propuesta del decrecimiento.

Ahora bien, una errada y falaz idea ecologista supondría que una recesión económica como la que nos toca vivir en este momento -y como la que indefectiblemente le toca vivir a cualquier país que asuma un programa neoliberal de gobierno-, se traduciría en mejores indicadores medioambientales. Según la lógica anterior, menor actividad podría significar menores emisiones, menor gasto energético, menor generación de residuos, etc.

Sería interesante poder contrastar este tipo de hipótesis pero el Inventario Nacional de Gases de Efecto Invernadero de Argentina de la Secretaría de Desarrollo y Ambiente Sustentable de la Nación apenas tiene información hasta el año 2014. Por el momento, del período 2004-2014 se pueden sacar algunas cifras ciertamente contradictorias: el nivel de emisiones por PBI bajó considerablemente, en tanto que las emisiones por habitante mostraron una tendencia ascendente hasta 2007 y luego una decreciente, al menos, hasta el 2014. Habría que ver que tendencia se manifiesta en los años subsiguientes. Sin embargo, detenernos en las limitantes de los sistemas de inventario y monitoreo nacionales pierde sentido cuando vemos que el responsable de la cartera de ambiente -que auspiciosamente había sido elevada a Ministerio en 2015 para ser degradada a Secretaría tan solo tres años después- a días de asumir reconoce que no tiene conocimientos técnicos en el área de ambiente y que se manejará por sentido común; que ante el bajo presupuesto destinado al control de incendios forestales sugiere que lo más útil que se puede hacer es ponerse a rezar; que en lugar de fortalecer y darle difusión a las importantes y necesarias tareas que cumple el personal técnico de su secretaría, el entonces ministro y hoy secretario, elige salir disfrazado de árbol como una supuesta forma de concientizar sobre la importancia de un medio ambiente amigable.

La política ambiental que lleva adelante el gobierno de Cambiemos no se reduce a estas ridículas expresiones ni se limita a lo que se pueda o no hacer desde el ex Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sustentable. Un programa neoliberal se caracteriza por levantar todo tipo de barreras al capital. No importa si esas barreras protegen condiciones de vida de hombres, mujeres y niños. No importa si esos límites generan daños ecosistémicos irreversibles o si implican hipotecar los recursos de futuras generaciones. Lo principal es elevar las tasas de ganancia y agilizar la movilidad del capital. En ese sentido son numerosos los trabajos de Economistas Ambientales y Economistas Ecológicos que plantean la relación contradictoria entre el incremento en las tasas de interés y la conservación ambiental. Una herramienta didáctica muy utilizada en los cursos para reflejar esto suele ser el siguiente ejemplo: si un bosque crece en biomasa entre un 8% y 12% anual y las tasas financieras de mercado son del 25%, un inversor nos ordenaría talar el bosque, vender la madera y hacer rendir ese dinero en el mercado financiero. ¡Estos didácticos ejemplos ni siquiera se hicieron pensando en tasas de interés de más del 50% como las que tenemos hoy!

En materia de deforestación, sabemos que aun contando con una Ley vigente de protección de Bosques la deforestación sigue en aumento. El motivo es la ampliación de la frontera agrícola-ganadera. Casi un 40% de estos desmontes se da en áreas que la propia ley prohíbe.

Una de las primeras medidas de Mauricio Macri como presidente fue respectivamente la reducción y eliminación de las retenciones para la soja y el resto de los cultivos extensivos. La medida no puede ser analizada únicamente desde el punto de vista monetario, fiscal o de su impacto en los precios. La misma, fomenta una forma de producir que atenta completamente contra las condiciones ambientales de las zonas rurales y que lógicamente da mayor impulso a la expansión de la frontera agrícola y su consecuente deforestación. No hace falta aclarar que el proyecto político que trajo Cambiemos al gobierno opera en favor de las corporaciones del agro y no de las víctimas de este modelo. La designación del presidente de la Sociedad Rural Argentina Luis Etchevere al frente del Ministerio de Agroindustria (hoy también degradado a Secretaría) habla por sí sola.

En la Provincia de Buenos Aires, por su parte, el gobierno de María Eugenia Vidal, presenta un buen ejemplo de lo que los norteamericanos llaman “revolving doors” o “puertas giratorias”. El ministro de Agroindustria de la provincia no es otro que el Ing. Agr. Leonardo Sarquís, ex gerente de Monsanto. Entre los años 2005 y 2007, Sarquís se desempeñó en la multinacional como el número uno de la división de semillas vegetales para la Argentina, Uruguay y Paraguay. Además, formó parte de la Fundación Pensar y junto a Aapresid impulsó la sanción de un proyecto de ley que proponía reducir los límites de la fumigaciones a apenas diez metros de los sitios urbanos (Tiempo Argentino, 2018). Ya en sus funciones como ministro, hace pocos meses, Sarquís habilitó la fumigación en las llamadas zonas de amortiguamiento, cursos de aguas, zonas de reserva, áreas de esparcimiento y lotes contiguos a escuelas. La postura del Ing. Macri con respecto a un modelo agrícola sostenido en el uso de crecientes dosis de agrotóxicos quedó a las claras cuando calificó de “irresponsable” un fallo del Tribunal Superior de Justicia de Entre Ríos que prohibía pulverizar en forma terrestre a menos de 1000 metros y 3000 desde el aire respecto de la ubicación de escuelas rurales.

En lo que a industrias extractivas se refiere la megaminería y el fracking son los grandes temas.
La Megaminería ya tiene casi dos décadas en nuestro país. No solo sus cuestionables réditos en pos de un desarrollo local o regional, sino sobre todo su enorme impacto en la transformación de paisajes y en la utilización de recursos tan preciados como el agua en zonas coordilleranas, la mantiene en el blanco de grandes cuestionamientos. El veto de Cristina Fernández de Kirchner a la Ley de Glaciares aprobada por el congreso en 2008 fue objeto de críticas por gran parte de los movimientos ambientalistas y por buena parte del heterogéneo y nunca conforme progresismo que tal vez nunca se enteró de que dos años antes el gobernador mendocino Julio Cobos también había vetado una ley que imponía límites a la megaminería en su provincia. Dentro del propio bloque parlamentario del Frente para la Victoria también surgieron críticas al veto, encabezadas fundamentalmente por Miguel Bonasso y Daniel Filmus. Éste último se encargaría de elevar otro proyecto que si bien limitaba la actividad se puede decir que era más flexible que el anterior en la explotación del ambiente periglacial. Más allá de la discusión técnica, se cuestionaba la supuesta injerencia de la Barrick Gold en el lobby político para su aprobación.

Lejos de estas controversias, el gobierno de Macri ha impulsado la megaminería desde un primer momento con la quita de las retenciones a las mineras. Uno de los argumentos era que “devolver” ese magro 5% que quedaba en las arcas del Estado, a las mineras no solo fomentarían la actividad y atraerían más inversión sino que además la dotarían de mejores recursos para volverla menos contaminante. Típico discurso a favor del capital y en contra de la naturaleza y los seres humanos. Los derrames no solo se detuvieron sino que se incrementaron: desde 2015 se produjeron cuatro derrames en la mina de Veladero y uno en Lama (ambas operadas por la canadiense Barrick Gold). Las mineras dejan menos rentabilidad para el país y más ríos contaminados con cianuro, mercurio, manganeso, aluminio y metales pesados. Sin embargo el gobierno de Macri ha creado un clima de inversión más seguro para ellas. Es lo que dicen sus propios funcionarios pero también lo que señalan los portales de bloomberg y la Unit Inteligence para América Latina de The Economist (Perfil, 2019).

En lo que respecta al Fracking, se sabe de la importancia que el gobierno le atribuye a Vaca Muerta. Sin ir más lejos la presentación en sociedad de la fórmula presidencial se hizo allí mismo. El yacimiento se presenta como el segundo más importante del mundo entre los no convencionales y según se dice podría abastecernos de energía durante los próximos 100 años. Allí no solo están presentes YPF y Chevron sino también grandes multinacionales como Shell, Wintershall, Exxon, Total, PAEG , Equinor, Schlumberger, Pluspetrol, Pampa Energía y Mercuria. La polémica acerca de la técnica de la fractura hidráulica no es ninguna novedad. Si bien hay quienes argumentan que es algo totalmente seguro un dato real es que los derrames no se detienen sino todo lo contrario. En los últimos cuatro años se registraron entre 700 y 1000 hechos de contaminación por año. Si bien los informes oficiales indican que la mayoría de las contingencias son de escasa peligrosidad, se trata de más de dos derrames por día, que implican grandes extensiones (el último de 2018 se trató de 47 hectáreas afectadas) y varios miles de metros cúbicos de crudo o de aguas toxicas utilizadas. (Río Negro Diario, 2018).

La cuestión del cambio en la matriz energética sigue siendo un tema pendiente desde hace muchos años. La ley 27.191 de Energías renovables (también conocida como Ley Guinle por su impulsor, el fallecido senador por el FPV de Chubut) establecía que para el año 2017 se debía abastecer el 8% de la demanda energética con energías renovables. Como es de imaginar, aún estamos muy por debajo de ese porcentaje. De todas maneras, y nobleza obliga, puede hacerse un reconocimiento en este punto. El fomento a las energías renovables a partir de la reglamentación y ejecución de dicha ley por parte del macrismo puede considerarse exitoso si tenemos en cuenta que en diciembre del año pasado, según los datos oficiales del plan Renovar, se alcanzó el pico histórico de 4,5%, más del doble de lo que representaba en 2016. El gobierno, lógicamente, hace alarde de haber generado una inversión efectiva de más de 7mil millones de dólares en más de 144 emprendimientos de generación de energía renovable y habla de un escenario potencial de 15 mil millones. Aunque coherente con su línea de gobierno, la política de asignación de proyectos fue de una apertura comercial indiscriminada, priorizando a grandes fabricantes extranjeros, sobre todo de China, EEUU, Canadá y Dinamarca en lugar de dar fomento a la producción nacional, que aun siendo heterogénea e incipiente en algunos casos, podría tener un buen potencial en la generación y el desarrollo de tecnologías para el sector. En materia de energías renovables, también se piensa solo en cuentas monetarias.

Otro tema clave en la agenda ambiental es la gestión de residuos. Especialmente en el área metropolitana de Buenos Aires, donde además se nos auguraba un éxito en la resolución de sus grandes problemas ya que por primera vez desde la vuelta de la democracia coincidiría el color político de la gestión en Nación, Provincia y Ciudad. Cuando el color amarillo desembarcó en la ciudad con la promesa de Basura Cero se establecía que la incineración de los residuos solo iba a estar permitida una vez que se reciclara al menos el 75% de su volumen. Más de diez años después el reciclado sigue siendo una deuda pendiente y la vuelta a la incineración pareciera que llegó para quedarse. El motivo es que al igual que en los otros aspectos que venimos enumerando se ha pretendido evaluar la performance ambiental bajo una mirada de rentabilidad. Un buen plan de negocios parece tener mayor rédito que un buen plan de recuperación de residuos. El nuevo proyecto de incineración y valorización energética se trata de una inversión para la construcción de 7 plantas de medio millón de dólares cada una en la cual el poder calórico de la quema de residuos generaría un aprovechamiento energético. Esto entra en evidente contradicción con la idea de potenciar la recuperación y el reciclado de buena parte de los residuos que es lo que debiera hacer una eficiente gestión de residuos sólidos urbanos. Actualmente se reciclan aproximadamente el 10% de los residuos provenientes de la ciudad y eso se da fundamentalmente gracias al trabajo sostenido de cooperativas de recuperadores y cartoneros que reciben tan solo el 3% del presupuesto del área de gestión de residuos. La postura de los tres gobiernos, no se resume a la pavorosa y mediática idea de los contenedores inteligentes que impulsó Rodríguez Larreta. La política es seguir dándole la espalda al reciclado, a las cooperativas y a los recuperadores.

Como si esto fuera poco el gobierno acaba de firmar un decreto ( decreto 519/19 del 26 de agosto de 2019) donde modifica la Ley de Residuos Peligrosos, habilitando así la entrada al país de residuos prescindiendo de los correspondientes certificados de inocuidad. Esto no solo podría ser entendida como una práctica anticonstitucional. Es tal la negación frente a la problemática de residuos, que no solo no se reconocen los propios límites de la deposición sino que ahora se quiere posicionar a nuestro país como un factible sumidero de residuos extranjeros. Más allá del grado de inocuidad o peligrosidad que puedan traer los residuos que ingresen, lo que está en juego es el negocio de importación de residuos a nivel global. Mientras China y los países del primer mundo ponen cada vez más controles y más restricciones a la importación y deposición final de residuos dentro de sus fronteras, Argentina sale a ofertar nuestro territorio como posible basurero de las economías desarrolladas. No es llamativo, aunque es preocupante, que los controles pasarán de estar a cargo de la Secretaría de Ambiente para quedar en manos del Ministerio de Producción. Los argumentos para esta modificación se apoyan en que algunos desiduos de materiales plásticos y de aluminio podrían ser utilizados como insumos de la producción industrial local. Nada más alejado de estimular un reciclado interno que además, como se mencionaba anteriormente, da trabajo asociativo y es fuente esencial de ingresos para numerosas familias.
En definitiva, no se puede pensar la política ambiental separada de lo que son las políticas económicas de gobierno, cualquiera sea la orientación de las mismas. En este caso estamos ante un claro y explícito programa de otorgar grandes beneficios al capital no solamente por sobre los derechos de la sociedad. Como vemos, la naturaleza también se encuentra a su servicio. La nueva idea familia de billetes ilustrada con especies autóctonas no es más que una linda metáfora de ello.

Referencias periodísticas

· Diario Perfil (27 de marzo de 2019) El sector minero inquieto por las elecciones y la continuidad de Mauricio Macri. https://www.perfil.com/noticias/bloomberg/sector-minero-inquieto-por-elecciones-2019-y-destino-mauricio-macri.phtml
· Rio Negro Diario (19 de noviembre de 2018) Hay más de dos derrames por día en la Cuenca Neuquina. https://www.rionegro.com.ar/hay-mas-de-dos-derrames-por-dia-en-la-cuenca-neuquina-BG5976524/
· Tiempo Argentino (23 de diciembre de 2018) Sarquís y el lobby transgénico. https://www.tiempoar.com.ar/nota/sarquis-y-el-lobby-transgenico